….:.La Otra Campaña Guerrero.:….

Tomado de el Suracapulco.com.mx
En México, particularmente en Guerrero, las condiciones de riesgo de los defensores y defensoras de derechos humanos se han agudizado a tal grado que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan ha tenido que cerrar sus oficinas en Ayutla “para evitar que se cumplan las amenazas, tal y como sucedió con Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas”, denunciaron ayer en conferencia de prensa, 111 organizaciones nacionales e internacionales.
En el Centro de Comunicación Social (Cencos), el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y Edgar Cortez de la Red todos los Derechos para Todos denunciaron que en las últimas semanas, los defensores han recibido amenazas de muerte, persecuciones y llamadas intimidatorias.
Ernesto López Portillo advirtió que en Guerrero se vive un avanzado estado de descomposición social, un avanzado estado de descomposición institucional porque las autoridades no responden ante estas situaciones, para que los pueblos de esa entidad puedan acceder a la justicia.
El ejemplo más reciente, afirmaron los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) es el caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), hallados muertos y con visibles huellas de tortura el 20 de febrero, siete días después de haber sido desaparecidos por tres hombres armados, que se identificaron como policías.
Y aunque este reprobable crimen ameritó que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea por medio de su presidencia a cargo de la República Checa, demandaran una investigación a fondo, autónoma, independiente e imparcial; la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) en Guerrero sigue sin presentar resultados y se niega además a tomar como principal línea de investigación que el origen de la ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel fue por su trabajo de defensores de los derechos de su pueblo, que afectaron intereses de diversas autoridades.
Esta situación, aseguraron en la conferencia, ha hecho más vulnerables a los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, pues a partir de la ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel, los actos de intimidación, persecución y amenazas se han intensificado, al grado de que el martes 17 y viernes 20 de marzo de este año, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, recibió mensajes anónimos de amenazas de muerte a causa de su labor como defensora.
Contunden-temente le hacen saber que ella podría ser la siguiente en ser desaparecida, torturada y ejecutada como sucedió con los dirigentes de la OFPM.
Ante la falta de condiciones para ejercer su trabajo como defensores de derechos humanos en Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel junto con Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, también dirigente de la OPIM, han tenido que abandonar la región, quedando en estado de vulnerabilidad otros integrantes de la organización que permanecen en sus comunidades indígenas de origen.
La misma situación ha privado con Guadalupe Castro Morales y Carmen Lucas Lucía, viuda y hermana de Raúl Lucas respectivamente, pues han recibido mensajes intimidatorios con el fin de que cesen en su lucha para que se haga justicia por la desaparición y ejecución de los dirigentes de la OFPM.
Igual que la OPIM y la OFMP, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ha asumido la defensa jurídica de los familiares de Raúl y Manuel, ha sido víctima de actos de persecución y hostigamiento, como sucedió el pasado viernes 20 de marzo cuando ocho de sus integrantes que viajaban por la carretera Ayutla-Tierra Colorada fueron perseguidos de manera intimidatoria por tres hombres que se transportaban en una camioneta marca Chevrolet Silverado color azul con placas NU88768. Entre el tramo Ayutla-Tecoanapa, los activistas también escucharon cinco detonaciones de arma de fuego, que se presume fueron disparos al aire.
Los hechos de intimidación en contra de Obtilia Eugenio Manuel y Tlachinollan fueron denunciados ante la PGJE con la averiguación previa GRO/SC/033/2009, sin embargo, se corre el riesgo de que esta denuncia tampoco sea investigada, como ha ocurrido con las que en años anteriores presentó la OPIM y que dieron origen a los expedientes ALLE/SC/01/065/2006, ALLE/SC/02/095/2007, ALLE/SC/01/032/2008, ALLE/SC/03/173/2007 y por las que hasta la fecha la PGJE no ha emitido resultado alguno.
Paradójicamente en estas regiones abandonadas por los gobiernos, la opción que han tomado es la militarización con el pretexto de combatir las drogas. Esta lucha o guerra contra las drogas se ha traducido el exterminio de los pueblos indígenas, la masacre de El Charco es una muestra de esta situación, las violaciones sexuales a las indígenas me’phaa Valentina Rosendo e Inés Fernández en el 2002, y las esterilizaciones forzadas a indígenas na savi (mixtecos) y me’phaa, de las cuales se denunciaron 30 casos.
Abel Barrera detalló: “En la región de Ayutla se expresa con mayor nitidez la estrategia gubernamental de amenazar, perseguir, torturar, detener, desaparecer y ejecutar a defensores indígenas, que en medio de su pobreza han sabido organizarse para defender sus derechos. Son ellos los que aparecen en la línea de fuego, los que han sufrido torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales como las de El Charco y las de Raúl Lucas y Manuel Ponce, violaciones sexuales como las de Inés y Valentina; esterilizaciones forzadas; también sufren amenazas de muerte como las que enfrentan desde hace seis años Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez; son víctimas de la fabricación de delitos, como los casos de Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, Manuel Cruz y Raúl Hernández, los cinco presos de conciencia de la OPIM, de los cuales cuatro fueron liberados el 19 de marzo.
“La libertad de los cuatro me’phaa es una conquista más del movimiento de los derechos humanos en Guerrero, pero por desgracia esto ha generado reacciones contrarias en el mismo gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justica, al seguir enviando mensajes amenazantes de que no cejará en su intención de criminalizar a los indígenas que fueron declarados inocentes. Coincidentemente los grupos de poder en la región de Ayutla que se encargaron de fabricar estos delitos, volvieron a reactivar sus métodos delincuenciales, difundiendo en la comunidad de El Camalote, que la libertad de los cuatro compañeros la pagaran con su vida. A la compañera Obtilia le volvieron a enviar varios mensajes a su celular para recordarle que en cualquier momento le va a pasar algo, como sucedió con Raúl y Manuel”.
Abel Barrera abundó al señalar que “Los defensores de Tlachinollan también en diferentes momentos hemos recibido hostigamiento y el último sucedió el 20 de marzo, cuando ocho de nuestros integrantes fueron perseguidos de manera intimidatoria, por tres personas en el trayecto de Ayutla a Tierra Colorada por una camioneta que en todo momento estuvieron hostigando a los compañeros.
“Esta situación, insistió, ya no es vivible para los defensores, esta situación ya no nos permite trabajar en el municipio de Ayutla, por el momento hemos cerrado las oficinas de Ayutla por cuestiones de seguridad y porque no queremos que se cumplan estas amenazas contra los compañeros e igualmente con los compañeros de la OPIM y de la organización mixteca.
También hemos exigido a la PGR que atraiga el caso de Raúl Lucas y Manuel Ponce y que necesitamos que esas investigaciones lleguen a fondo, necesitamos que se haga una investigación exhaustiva, imparcial y objetiva y que realmente dé con el paradero de los autores materiales e intelectuales de estos delitos de lesa humanidad”.
Abe Barrera dijo que en su trabajo, los defensores han sido acompañados por las Brigadas Interncionales de Paz, desde hace varios años, y agregó que “a pesar de ese acompañamiento internacional que hemos tenido en Ayutla y Tlapa, de nada ha servido, porque realmente la situación de riesgo es muy alta y por eso apelamos a instancias internacionales para que se nos brinde apoyo y que el gobierno mexicano cumpla con los compromisos adquirido y proteja a las organizaciones de derechos humanos, ya basta de discursos, queremos acciones concretas”.
Los representantes de las ONG recordaron que el 13 de febrero del presente año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó a México como consecuencia del Examen Periódico Universal incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, reconocer públicamente el importante papel de los defensores en México y que los crímenes en contra de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos sean investigados de manera efectiva y se castigue a los responsables, “por esto, es que hoy demandamos al gobierno federal y al estatal de Guerrero el establecimiento de garantías para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, de tal suerte que el ejercicio de nuestra labor no ponga en riesgo nuestra integridad y vida”.
Los representantes de las ONG insistieron en que sea la Procuraduría General de la República (PGR) sea la instancia que investigue el caso de los dirigentes mixtecos, tal como lo ha pedido el Congreso de la Unión y el Congreso local de Guerrero en sus respectivos puntos de acuerdo y exhortos de fechas 26 de febrero y 11 de marzo, debido a que la PGJE en Guerrero no es un órgano autónomo, independiente e imparcial y está confirmado que es la impunidad la que posibilita que permanezcan y se repitan las amenazas, intimidaciones y agresiones en perjuicio de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, hasta el momento la PGR no ha respondido a estas demandas, indcicaron.

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